El conflicto judicial por la gestión del Valencia CF vive un nuevo episodio determinante tras la respuesta de la Fiscalía Provincial de Valencia al recurso de apelación interpuesto por Marea Valencianista. El Ministerio Público, en sintonía con la defensa de los acusados —entre los que se encuentran Peter Lim, Lay Hoon e Inma Ibáñez—, ha solicitado a la Audiencia Provincial que no se inicie una investigación por los presuntos delitos denunciados por la plataforma que lidera Miguel Zorío. Esta postura supone un respaldo a la tesis de los administradores de Meriton, al no apreciar indicios de criminalidad en las operativas financieras y societarias denunciadas.
Ante este posicionamiento, el exvicepresidente del club, Zorío, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la acusación pública valenciana se separe de las líneas de actuación seguidas por otros organismos internacionales. Según el promotor del recurso, resulta llamativo que la Fiscalía local no vea delito en actuaciones que sí están siendo objeto de escrutinio o sanción por parte de la fiscalía portuguesa, la italiana o el propio Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). El valencianismo, en palabras de Zorío, se encuentra en una lucha desigual para defender los intereses de la entidad frente a lo que denomina una gestión perjudicial para el patrimonio del club.
Búnker judicial cuestionado en sus matizaciones al escrito fiscal, la acusación subraya que existen pruebas de que la estructura empresarial de Peter Lim ha sido cuestionada fuera de España, citando procesos vinculados al blanqueo de capitales. Asimismo, Zorío critica que no se considere relevante el presunto trasiego de dinero desde el Valencia CF hacia Meriton en Hong Kong o las discrepancias millonarias en los fichajes de jugadores como Rodrigo Moreno, donde asegura que se perdieron 18 millones de euros entre el importe abonado por el club valenciano y el recibido por el Benfica.
Intercambio de porteros
Otro de los puntos de fricción reside en la situación de Valencia CF Asia Ltd, una sociedad que debía haber sido disuelta en 2017 y que, según informes de detectives privados, continuó operativa bajo la administración de un empresario de Singapur ajeno a la información facilitada a los accionistas. La Fiscalía tampoco aprecia delito en el intercambio de porteros con el FC Barcelona (Cillessen y Neto) por 35 millones de euros, una operación que para la acusación constituye un «precio fuera de mercado» diseñado para maquillar balances, similar al caso que provocó la dimisión del consejo de la Juventus en Italia.
Respecto a la situación fiscal de la presidenta Lay Hoon, el Ministerio Público defiende que no se debe investigar un presunto delito fiscal al no estar acreditados sus ingresos exactos, mientras la Agencia Tributaria elabora los informes correspondientes. Miguel Zorío cuestiona esta prudencia señalando que, paradójicamente, Hacienda ha abierto investigaciones internas para averiguar el origen de las filtraciones de dicha documentación, lo que a su juicio otorga veracidad indirecta a los datos expuestos por su plataforma sobre las retribuciones no declaradas.
A pesar del revés que supone el informe de la Fiscalía, la plataforma Marea Valencianista mantiene su confianza en que la Audiencia Provincial de Valencia ejerza su jurisdicción con independencia y reabra la causa de forma definitiva. Con el lema «pico y pala», Zorío ha reafirmado su intención de derribar lo que considera un blindaje jurídico para sentar a los gestores de Meriton en el banquillo. El colectivo sostiene que, ya sea en esta o en instancias superiores, se acabará depurando la responsabilidad de los culpables de la actual situación económica y social de la institución blanquinegra.
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