El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana ha presentado este jueves los resultados de la oleada de primavera de 2026 de su encuesta «Los economistas opinan». El informe combina el análisis estructural de la coyuntura autonómica con un bloque de actualidad centrado en el precio de la energía, la inteligencia artificial y el impacto de la regularización extraordinaria de población migrante. Respecto a este último proceso, el colectivo de expertos advierte que la medida requiere una «transferencia coordinada de recursos hacia las comunidades autónomas y corporaciones locales» para absorber el incremento de la demanda en servicios públicos como la sanidad y la educación (3,7 sobre 5).
Los profesionales anticipan además una presión añadida sobre el mercado inmobiliario, con un impacto alcista en los precios de compra y alquiler (3,7 sobre 5). Por ello, el informe recomienda complementar la regularización con políticas de estímulo a la vivienda social o incentivos al alquiler asequible, especialmente dado que el 59% de los encuestados identifica este ámbito como un foco crítico de tensión. En el terreno laboral, aunque el 61,3% coincide en que facilitará la cobertura de vacantes en sectores con escasez de mano de obra (3,6 puntos), existe división sobre la reducción de la economía informal (3,0) y los salarios de baja cualificación (3,1), por lo que ven imperativo reforzar los convenios colectivos para evitar la devaluación salarial y guiar el mercado hacia la mejora de la productividad.
Más allá de este proceso, el diagnóstico refleja que el acceso a la vivienda ya es considerado por el 44,0% de los profesionales como el tercer problema estructural más grave de la Comunitat Valenciana. El presidente del Consejo y decano del Colegio de Valencia, Juan José Enríquez, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de Intercafé, ha destacado que esta preocupación se sitúa ya a la par de los dos tradicionales obstáculos de la economía regional: el déficit de financiación autonómica (45,5%) y la excesiva dependencia sectorial del turismo y la construcción (45,3%).
La valoración de la economía de la Comunitat en comparación con el ejercicio anterior obtiene una nota global de 4,1 puntos, ya que solo el 11,7% de la muestra cree que ha mejorado frente al 34% que la ve peor. Pese a ello, al evaluar el momento actual en términos generales, los profesionales otorgan una puntuación media de 5,6 sobre 10 a la Comunitat Valenciana frente a la nota de 5,3 otorgada al conjunto de España. El decano de Castellón, José Manuel Salvador, ha subrayado que los economistas perciben una mejor posición autonómica frente a la nacional, detectando además que los colegiados de mayor edad responden con un optimismo muy superior al de los perfiles jóvenes.
Suspenso a la política energética de la Unión Europea
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, ha aportado estabilidad al balance al indicar que casi el 50% de los consultados mantiene invariable su situación económica personal. No obstante, las expectativas macroeconómicas a seis meses muestran una desaceleración en el ámbito estatal, donde la previsión desciende hasta los 5,1 puntos y acumula un 36,1% de respuestas negativas, en contraste con los 5,5 puntos de media y el 50,2% de respuestas optimistas estimadas para la Comunitat Valenciana.
El encarecimiento de los suministros afecta de forma notable a la competitividad empresarial según el 75,3% de los encuestados. En este sentido, el presidente del Consejo y decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, ha matizado que el 90% del colectivo considera el coste y la seguridad energética como un elemento básico para la productividad, motivo por el cual los economistas otorgan un suspenso a las políticas energéticas de la Unión Europea, cuya eficacia califica de moderada o baja el 83% de la muestra (2,5 sobre 5). Para revertir la situación, priorizan la inversión en energía solar y eólica (4,1) e hidráulica (3,8), mientras que la energía nuclear genera una disparidad total de opiniones (3,5).
El último bloque del informe aborda la implantación de la inteligencia artificial en el tejido empresarial valenciano. Un 64,6% de los encuestados coincide en que la IA servirá para incrementar la productividad empresarial (3,7 sobre 5), aunque se muestran algo más prudentes respecto a la reducción de costes asociados (3,6 puntos). Asimismo, los expertos descartan de forma mayoritaria que la tecnología constituya una solución adecuada para suplir la falta de personal cualificado en las empresas (2,8 puntos).
Como conclusión, los economistas fijan las principales amenazas de este desarrollo tecnológico en el entorno corporativo. El primer factor de riesgo es la ciberseguridad y la vulnerabilidad de los datos, destacado por el 40,5% de las respuestas de los colegiados. A esta preocupación le siguen la falta de un marco regulatorio y ético claro (35,4%), la excesiva dependencia tecnológica (33,5%) y la presencia de sesgos y errores en los sistemas algorítmicos (31,8%).
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