Se acabó el verano para el Ejecutivo, aunque el equipo de Pedro Sánchez haya hecho ‘turnos’ para cubrir la mayor crisis migratoria de España desde la Guerra Civil. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma de Ceuta con el objetivo de dar una respuesta coordinada a la grave crisis migratoria que atraviesa el territorio. Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, esta medida extraordinaria persigue reforzar la cooperación entre administraciones ante un escenario de máxima complejidad. Para liderar la gestión operativa de esta nueva fase, el Ejecutivo ha constituido una autoridad funcional o mando único.
La responsabilidad del nuevo órgano colegiado recae sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien coordinará los trabajos junto a un comité especializado integrado por diversas instituciones. En esta estructura participarán el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional. La portavoz ministerial ha asegurado que el Estado mantendrá su presencia y desplegará todos los recursos necesarios durante el tiempo que sea preciso.
Esta segunda fase de la actuación estatal sucede a las intervenciones de emergencia realizadas tras la entrada masiva de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. Según las cifras facilitadas por Ángel Víctor Torres, las primeras gestiones permitieron el retorno a Marruecos de más del 90% de los migrantes que accedieron en esas fechas. Ahora, las prioridades del Ejecutivo central se centran en articular la devolución de los recién llegados siempre que el marco legal lo permita, garantizar la atención humanitaria y consolidar la acogida de los menores no acompañados y solicitantes de asilo.
Refuerzo operativo y marco legislativo
Para mitigar el impacto socioeconómico en la zona, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha desplazado a la ciudad autónoma para abordar con agentes sociales la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico. Asimismo, el plan de contingencia del Ejecutivo contempla la habilitación de nuevas dependencias, una partida presupuestaria de 25 millones de euros para la gestión de menores, el refuerzo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medidas específicas contra la violencia sexual.
En paralelo a las acciones desplegadas sobre el terreno, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de dos anteproyectos de ley para adecuar el ordenamiento jurídico español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado los ejes de la futura ley de asilo y de la reforma de la Ley de Extranjería, dos normas redactadas con la intención de unificar criterios comunitarios y dotar de mayor seguridad jurídica a la tramitación de los expedientes.
La nueva legislación de protección internacional actualizará las definiciones normativas para incorporar de manera explícita la persecución por motivos de género, identidad sexual o discapacidad. Además, el texto regulará dos modalidades de examen: el procedimiento ordinario y un canal acelerado que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. También se implantará un procedimiento especial de frontera con una duración máxima de doce semanas en las que el solicitante permanecerá retenido antes de formalizar la entrada.
En relación con la reforma de la Ley de Extranjería, Marlaska ha destacado la incorporación formal del trámite de triaje para la recogida de datos y verificación sanitaria y de seguridad. Aunque la directiva de la Unión Europea faculta un margen de hasta siete días para completar este filtrado, la normativa española mantendrá el tope legal de 72 horas en dependencias policiales, prorrogable únicamente mediante autorización de los tribunales.
Finalmente, la reforma legislativa regulará el procedimiento de retorno en frontera con un límite de doce semanas para ejecutar las devoluciones de aquellas personas que no reúnan los requisitos para obtener asilo. Con este paquete de medidas administrativas y normativas, el Gobierno pretende garantizar la seguridad en las fronteras exteriores, dar estabilidad social a los ciudadanos de Ceuta y adecuar la capacidad asistencial a los estándares fijados por la Unión Europea.
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