La CEOE y CEPYME han salido al paso tras el anuncio de paro general por parte de las centrales sindicales con un comunicado en el que advierten de que la protesta supone «una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda». Las organizaciones empresariales señalan que se trata de responsabilidades de la Administración que «quedan al margen de la gestión de las empresas», por lo que sus reivindicaciones «no son, en esencia, de naturaleza laboral».
El pronunciamiento empresarial califica de «inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión». Asimismo, con los comicios fijados para el 29 de noviembre, consideran «difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática».
Por el momento, la patronal puntualiza que la información disponible «no permite realizar una valoración definitiva –especialmente, sobre su encaje jurídico–», puesto que la marcha «está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente».
Ante este escenario, las entidades aseguran que «analizarán la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales», con el compromiso firme de seguir «defendiendo la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas».
Imagen: Antonio Garamendi, presidente de CEOE.
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