El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto la orden de detención nacional que pesaba sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig desde octubre de 2017. El movimiento del instructor se ha producido minutos después de que el Tribunal Constitucional diera la razón a los exdirigentes independentistas y declarara que el Supremo debió aplicarles en 2024 la ley de amnistía por el delito de malversación, el único por el que continuaban procesados.
La decisión de Llarena pone fin a casi una década de pulso judicial entre el juez instructor de la causa del procés y el expresident. Durante este tiempo, el magistrado del Alto Tribunal se había resistido a retirar la orden de busca y captura, esquivando tanto las reformas sobre la malversación como la aplicación de la medida de gracia aprobada por las Cortes. Sin embargo, el dictamen del tribunal de garantías ha obligado al magistrado a dar vía libre a la aplicación del perdón legal.
Por su parte, el expresidente de la Generalitat ha mantenido la incógnita sobre la fecha exacta de su regreso a España a pesar de la resolución judicial. Durante una comparecencia tras conocerse el fallo, Puigdemont ha rebajado las expectativas de un entendimiento inmediato entre administraciones al señalar que “hoy no se soluciona nada entre Cataluña y España” y matizar que “la amnistía no es en sí misma la solución” al conflicto político.
Estrategia en el exilio y cautela ante el retorno
En su intervención, el líder independentista ha querido poner en valor los años transcurridos en Bélgica para marcar distancias con otros dirigentes del procés que optaron por personarse ante la justicia, como Oriol Junqueras. Puigdemont ha reivindicado “el sentido político” de su estancia en el extranjero y ha defendido los resultados de la “estrategia del exilio”, rechazando lo que considera itinerarios personales para resolver situaciones particulares.
Pese al nuevo escenario legal, la defensa del político catalán descarta un viaje de vuelta inmediato. Su abogado, Gonzalo Boye, ha aclarado en declaraciones televisivas que no existe una fecha fijada para el regreso a territorio nacional, supeditando el retorno a que el Tribunal Supremo formalice el archivo definitivo de la causa judicial dictada en su contra.
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