La Conselleria de Vivienda ordena el pago de más de 3 millones de euros para ayudas a colectivos vulnerables por la COVID-19

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 En esta convocatoria, las ayudas están destinadas a 72 entidades locales que vienen a sumarse a las 62 del pasado mes de agosto
– El objeto es dotar de un alojamiento o una solución habitacional a las personas incluidas en estos colectivos afectados por la pandemia

Valencia, 29 de octubre de 2020

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Dirección General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, ha ordenado el pago a una segunda relación de 72 entidades locales que han tramitado ayudas para vivienda con el fin de ayudar a colectivos vulnerables afectados por la COVID-19.

Las ayudas fueron concedidas directamente mediante el Decreto 60/2020 de 15 de mayo por un valor total de 5 millones de euros. El pasado agosto, otras 62 entidades locales se beneficiaron del primer pago de este tipo de ayudas, por un valor de 1.401.071 de euros.

La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, ha asegurado que la intención de la Conselleria es llegar al 100% de los ayuntamientos, previsto en el citado decreto.

En esta segunda tanda, los 62 municipios y 10 mancomunidades que han aceptado tramitar estas ayudas, por importe de 3.026.221 de euros, deben facilitar un alojamiento o solución habitacional inmediata a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar y colectivos especialmente vulnerables afectados, directa o indirectamente por la pandemia, dentro del territorio de la Comunitat.

Por provincias, en la de Valencia han sido 35 los municipios que hasta la fecha han aceptado tramitar estas ayudas. Entre ellos está València, con 783.994 euros; Torrent, con 99.516 euros; Manises, con 34.952 euros; Xirivella, con 36.586 euros; la Mancomunidad Interior Tierra del Vino, con 6.021 euros, y la Mancomunidad de Les Valls, con 7.825 euros.

En la provincia de Castellón, destacan el municipio de Almassora, con 23.119 euros; Oropesa del Mar, con 9.615 euros; Benicàssim, con 4.487 euros y la Mancomunidad Plana Alta, con 9.202 euros.

En la provincia de Alicante, 23 municipios y tres mancomunidades han aceptado tramitar estas ayudas por un valor total de 1.312.680 euros. Entre ellos, destacan el municipio de Alicante, con unas ayudas de 323.609 euros; Elche, con 315.925 euros; Elda, con 70.577 euros; la Mancomunidad de la Marina Baixa, con 16.682 euros, y la Mancomunidad Vid y Mármol, con 15.179 euros.

Gestionadas por servicios sociales

Las entidades locales, a través de sus servicios sociales, se encargarán de gestionar las ayudas y asumirán la responsabilidad de dotar de un alojamiento o una solución habitacional a las personas incluidas en estos colectivos.

La cuantía total de las ayudas se desglosa en dos conceptos: el primero, hasta un 10% del importe total, para poner a disposición de las personas incluidas en los colectivos vulnerables una solución habitacional inmediata.

El segundo, hasta un 90% del total, para la concesión de ayudas directas para el pago del alquiler de la vivienda habitual, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias.

En el caso de que no fuera necesario destinar ese 10% a las finalidades previstas, el ayuntamiento o mancomunidad puede acumular dicha cantidad para la segunda finalidad.

La cuantía de la ayuda podrá ser, por un lado, de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble. En casos debidamente justificados, podrá alcanzar hasta 900 euros mensuales. Por otro lado, podrá alcanzar los 200 euros mensuales para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con el límite del 100% de los mismos.

Las ayudas se conceden por plazo de un año, prorrogable, en su caso, anualmente, hasta el límite de cinco años, siempre que se mantengan las condiciones que determinaron su otorgamiento y exista consignación presupuestaria. Además, se conceden en régimen de concesión directa, acreditando la condición que les hace valedores de ellas.