La CEV solicita rapidez y agilidad en la implementación de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley para que resulten eficaces

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha insistido hoy en que las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “van en la buena dirección, pero puede que sean insuficientes si no se ponen en marcha de forma rápida y ágil. Si no llegan pronto puede ser tarde para muchas empresas y trabajadores”. “Puede ser también tarde para los empresarios autónomos” para los que Navarro pide que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones si sus ingresos son cero.

Así se lo ha transmitido al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la reunión celebrada esta mañana en el Palau junto a los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-CV, Ismael Sáez y Arturo León; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicente Soler, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.

Medidas económicas

La CEV valora de forma positiva la línea de avales pública para que las empresas no se queden sin liquidez, cuyo monto equivale a cerca del 8´2% del PIB nacional —100.000 millones de euros. Con esta medida el Gobierno central entra de lleno en un ámbito —el de los avales y garantías públicas— que, por su magnitud, difícilmente podría haber sido cubierto por las comunidades autónomas. A la vista de la política monetaria ultraexpansiva del BCE y de la mejor situación de la banca privada en España, esta medida es la que se necesitaba para catalizar el crédito a las empresas. No obstante, “el Gobierno debe aclarar que su compromiso es total, especificando que el porcentaje de cobertura de los avales por esta línea será el máximo que permita la normativa de la UE”, ha aclarado Salvador Navarro.

En el mismo sentido van a actuar las medidas de ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO por 10.000 millones de euros, de la que se podrán beneficiar pymes y autónomos; la línea extraordinaria del CESCE, por otros 2.000 millones de euros para empresas exportadoras; y la prolongación de hasta un año del periodo de amortización de los préstamos suscritos por el sector agrario derivados de la sequía de 2017.

Evidentemente, para que estas medidas de carácter financiero resulten realmente eficaces, deberán implementarse de forma ágil y no discriminatoria en cuanto a ramas de actividad o situación de solvencia individual”, ha recalcado Navarro.

Sin embargo, al margen de las medidas de aval y crédito, en un momento de sequía de ingresos, las empresas necesitan con urgencia moratorias y aplazamientos de pagos —claros, suficientemente amplios, a todos los efectos y sin coste—, incluidos los pagos a todas las administraciones y por todos los conceptos. Como ha apuntado Salvador Navarro, “de lo contrario, las inyecciones de liquidez pueden llegar tarde y desencadenar un círculo vicioso de impagos, bloqueos y suspensiones”.

La CEV espera que, en un momento posterior, pero no muy lejano, el Gobierno central aborde un segundo y contundente paquete de medidas de apoyo directo para las empresas, que posibilite la implementación una política de choque anticíclica. Todo ello, en coordinación con la UE y el resto de los gobiernos nacionales, así como con las comunidades autónomas.

La Unión Europea y el Gobierno nacional, pero también el autonómico y el local deben que dar una respuesta coordinada, con medidas que eviten la recesión y ayuden a recuperar los niveles de crecimiento previos al coronavirus cuanto antes. “No creo que podamos hablar de una recuperación en forma de V, pero sí en forma de U, si se toman las medidas adecuadas”, ha señalado Salvador Navarro.

La CEV sigue reivindicando un apoyo explícito a todos los sectores productivos, la actualización los pagos pendientes de las distintas administraciones públicas a las empresas y que tanto el Gobierno central como el resto de administraciones públicas deberían renunciar a aumentar la presión fiscal durante, al menos, este ejercicio. Esta medida es especialmente importante para el Impuesto sobre Sociedades, así como en el IBI, a la vista de los aumentos en los Valores Catastrales que, por ejemplo, van a realizarse en la ciudad de Valencia. En este sentido, para los casos en los que la actualización de los Valores Catastrales resulte positiva los ayuntamientos pueden hacer uso de las “herramientas” fiscales que les permiten neutralizar estas subidas.

Medidas Laborales

La CEV agradece que el decreto recoja las medidas propuestas respecto de los ERTE de fuerza mayor y causas económicas y productivas, tanto en materia de reducción de plazos como de agilización del procedimiento, así como respecto de las consecuencias para empresas y trabajadores: exoneración total o parcial de la obligación de cotizar para la empresa y acceso a la protección por desempleo universal para los trabajadores. No obstante, considera que, en el caso de los sectores afectados directamente por el Decreto del estado de alarma, los ERTEs deberían aprobarse de forma automática por parte de la Administración, sin esperar al informe de la inspección de trabajo, tal y como ya se prevé en el propio art.22 del Real Decreto-Ley.

También establece una prestación por cese de actividad extraordinaria en favor de los autónomos afectados por la crisis sanitaria. No obstante, la CEV echa de menos un mayor apoyo al colectivo de empresarios autónomos, “sus ingresos serán cero, también tienen que serlo sus cotizaciones”.

Finalmente, el Decreto opta por la enrevesada figura de la adaptación de jornada para atender el cuidado de hijos y parientes mayores o dependientes lo que en estos momentos de caos en las empresas puede complicar la gestión de estas solicitudes. La propuesta de los interlocutores sociales pasaba por nuevos permisos retribuidos o nuevas causas de suspensión individual del contrato cuyos costes asumiese el fondo público de ayudas extraordinarias que se ha habilitado

Por último, respecto a la salvaguarda de empleo prevista en la disposición adicional sexta, el presidente de la CEV considera que es “indeterminada y por lo tanto sin seguridad jurídica”. Alude a un compromiso del empresario de mantener el empleo que deja en manos de la interpretación que del texto pueda hacer la inspección de trabajo. “La mera finalización de un contrato temporal ya quebraría, supuestamente, este compromiso”, ha señalado.

Estamos ante una crisis temporal. Esperamos que todas las medidas amortigüen las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que la recuperación pueda ser rápida.”, ha concluido Navarro.