El PP recurre la decisión del Ribó de volver a cobrar la ORA por no haberlo acordado el pleno municipal que ratificó la suspensión del pago

  • Los populares presentarán un recurso ante el Ayuntamiento ya que la medida, aprobada por pleno a instancias del PP, no puede derogarse si no vuelve a pasar por el pleno
  • El Gobierno de Compromís y PSOE aprobó en Junta de Gobierno volver a reactivar el cobro por estacionar en las zonas azul y naranja a partir del próximo lunes
  • Si el recurso de los populares es aceptado y se mantiene el cobro podría generarse un perjuicio, por tanto el PP pide que se suspenda cautelarmente el acuerdo de la Junta de Gobierno hasta que se resuelva el recurso

Valencia, 23 de mayo de 2020

El Grupo Municipal Popular está ya estudiando presentar un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado día 22 de mayo  de volver a cobrar por estacionar en las zonas azul y naranja de la ciudad, conocido como la ORA, a partir del próximo lunes día 25 de mayo.

En el recurso que ya está ultimando el PP,  se recuerda que la decisión de suspender el cobro de la ORA se ratificó por acuerdo del pleno municipal, a propuesta del Grupo POPULAR junto a un paquete de 66 medidas consensuadas con el Gobierno para luchar contra la crisis e del COVID19. Y se fijo que esta suspensión estaría vigente mientras se prolongara el Estado de Alarma en España, situación en la cual aún nos encontramos. Al ser el pleno un órgano de rango superior a la Junta de Gobierno Local, los populares recuerdan que la decisión de la JGL no puede anular un acuerdo plenario y por lo tanto podría ser nula la reactivación de la ORA. Esto obligará al Gobierno de Ribó y PSOE ha tener que llevar el acuerdo de la Junta de Gobierno a un pleno para que sea ratificado, y esto no podrá ser antes del próximo jueves.

El recurso pide la anulación del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes día 22 de mayo que acordaba  “levantar la orden de supresión temporal de las plazas de estacionamiento regulado con limitación horaria en la ciudad de Valencia”.  Pero, el Gobierno Municipal no es consciente que el acuerdo de suspender el cobro de la ORA fue ratificado en acuerdo plenario por mayoría de todos los grupos municipales, y el pleno no ha vuelto a pronunciarse sobre la derogación de esta medida.

La decisión de “Suprimir temporalmente en la ciudad de Valencia las plazas de estacionamiento regulado con limitación horaria, con efectos retroactivos desde el día 16 de marzo de 2020 a las 16:00 horas y mientras dure el estado de alarma”, fue adoptada por RESOLUCIÓN GG – 172 de 17 de marzo, y en la misma se establece de forma clara la condición para revertir esta supresión temporal, esto es “mientras dure el estado de alarma”. Esta RESOLUCIÓN GG-172 fue posteriormente ratificada por el Acuerdo de JGL de fecha 23 de marzo de 2020.

La decisión del Concejal Delegado de Movilidad y de la Junta de Gobierno Local fue posteriormente ratificada por el PLENO DE LA CORPORACIÓN en la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2020 (Expediente O-89POP-2020-000034) con el siguiente tenor literal: “22. Ratificar la suspensió de deixar sense efecte el cobrament de l’ORA tant en Zona Blava com Taronja durant l’Estat d’Alarma proclamat pel RD 463/2020.”

Ahora, la Junta Gobierno Local no ha anulado el acuerdo que la propia JGL que decía que se suspendía el cobro del estacionamiento mientras dure el Estado de Alarma, en el cual aún seguimos, por lo que cual este acuerdo del 23 de marzo seguiría vigente al igual que el acuerdo plenario. Así para los populares son dos las vías por las que tendría que anularse la reactivación del pleno, por incumplir el acuerdo del 23 de marzo de la Junta de Gobierno y el acuerdo del pleno del día 26 de marzo.

Los populares basan su recurso en toda la legislación de los procedimientos administrativos y “en el artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.” Por tanto, nos encontramos ante un acto administrativo adoptado por el Pleno de la Corporación que no ha perdido vigencia por el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local”.

Y los populares en su recurso recuerdan que “el artículo 47.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.”

En el recurso del PP se recoge que el “EL ACUERDO adoptado por el PLENO DE LA CORPORACIÓN tiene un rango superior al Acuerdo de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL y por tanto es nulo de pleno derecho al no tener en consideración el mandato ejecutivo que sigue vigente del máximo órgano de decisión del Ayuntamiento de Valencia, pues dicho Acuerdo plenario NO ha sido derogado por otro Acuerdo del Pleno, así como tampoco decaerá automáticamente mientras no se extinga la condición que lo mantiene en vigor, esto es, el mantenimiento del estado de alarma y en este sentido, debe ser respetado por todos sus componentes, incluido el Alcalde y la Junta de Gobierno Local”.

Y afirma que “la negativa o pasividad de un Alcalde o miembros de la Junta de Gobierno Local a ejecutar y respetar lo acordado por el Pleno genera responsabilidad, pues si la decisión era contraria a su postura pudo votar en contra; si no lo hizo, viene obligado a disponer lo necesario para su ejecución y si no lo hace, cabe exigirle responsabilidad, que puede ser de tipo político, correspondiendo al Pleno como misión fundamental el control y fiscalización de los órganos de gobierno a tenor del art. 22.2.a) LRBRL y los concordantes del ROF”.

Por tanto para el PP, y así se refleja en su recurso, no tiene validez el acuerdo de la Junta de Gobierno Local si está no vuelve a ser ratificada por el pleno, cosa que todavía no se ha hecho”, recuerdan desde el PP.

Los populares pedirán medidas cautelares “ante el grave perjuicio económico que se puede producir para los vecinos de Valencia, para la empresa adjudicataria y para el propio Ayuntamiento de Valencia, por la puesta en marcha del servicio el próximo lunes 25 de mayo y los efectos que produzca la posterior anulación del Acuerdo impugnado, se solicita como medida cautelar urgente la suspensión de dicho Acuerdo hasta la resolución del fondo del presente recurso.