José Vicente Tello: “El gobierno no puede vulnerar los derechos fundamentales establecidos en los contratos de alquiler”

 José Vicente Tello: “El gobierno no puede vulnerar los derechos fundamentales establecidos en los contratos de alquiler”

Valencia, 3 de abril de 2020

El abogado José Vicente Tello, ha señalado en el programa “El Intercafé” de Intereconomía Valencia que “el estado de alarma, jurídicamente no da facultades al Gobierno para vulnerar los derechos fundamentales, ya que ahora nos encontramos más cerca del estado de excepción o el estado de sitio”, en referencia a la problemática de los alquileres.

En este sentido, Tello ha querido recordar que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez rompen el principio de seguridad jurídica, porque el Ejecutivo en el estado de alarma no puede modificar criterios de derecho que están vigentes”.

Un motivo por el que para el abogado valenciano “resulta fundamental aplicar una moratoria entre los particulares recibiendo ayudas por parte de la Administración”.

Asimismo, en lo que respecta a la situación laboral que se está viviendo en España, Jose Vicente Tello ha querido recordar los peores datos en la historia del paro, conocidos ayer, dos de abril, por lo que señala que “en solo 14 días se han producido casi 900.000 parados. Una cifra que en la crisis de 2008 se produjo en 115 días”.

Y a ello – prosigue el abogadovalenciano – debemos añadirle los 620.000 ERTE que están sin computar más los 2,5 millones que a priori terminarán completando un escenario dantesco en nuestra historia laboral”.

Por tanto, para José Vicente Tello “nos encontramos en una debacle económica que está afectando al núcleo productivo y que resultará muy difícil de poder remontar, sobre todo para algunos sectores profesionales”.

A este respecto, el jurista lo tiene claro;  “en la situación que nos encontramos, el Gobierno tendría que haber estructurado todo este proceso de otra forma, más escalonada, arbitrando la situación de colapso”.

Y esto es, porque para Tello “les habríamos dado un tiempo de respiro a los sectores afectados, al tiempo que la Administración debería haber asumido de manera genérica los costes laborales de los trabajadores y estructurar criterios de recuperación lógicos junto los empresarios. Unas medidas que probablemente hubiesen permitido una reducción muy significativa de los empleos destruidos”.

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