El TSJCV anula parte del decreto de dependencia por incumplir la normativa estatal y no reconocer el carácter prioritario de los servicios profesionales en la atención a personas dependientes

 El TSJCV anula parte del decreto de dependencia por incumplir la normativa estatal y no reconocer el carácter prioritario de los servicios profesionales en la atención a personas dependientes

 “Este nuevo revés judicial de la Consellería debería hacerle reflexionar sobre la necesidad de consensuar con todo el sector las líneas básicas de la atención a la dependencia” afirma José María Toro, Presidente de AERTE.

Valencia, 2 de Julio de 2020.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado el apartado 4 del artículo 32 del Decreto 62/2017 del Consell por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, tras la demanda presentada por AERTE.

En el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia indica que “…ha de darse la razón a la actora cuando alega que la regulación que contiene el art. 32 del Decreto 62/2017, al omitir toda referencia a la excepcionalidad del cuidado no profesional de dependiente establecida en los arts. 14.2 y 3 de la Ley 39/2006, vulnera la normativa estatal citada. Por tanto, y puesto que tal excepcionalidad es una cuestión afecta a las facultades elementales y límites esenciales de los derechos y deberes fundamentales y prestaciones básicas de igualdad en la protección de la situación de dependencia, ha de concluirse que el apartado 4 del art. 32 es contrario a derecho, por lo que procede, al amparo del art. 47.2 de la Ley 39/2015, declarar su nulidad de pleno derecho.

En ese artículo se recogían los requisitos para poder acogerse a la prestación de cuidados no profesionales. En el mismo se reducían las exigencias y se permitía que fueran personas sin ninguna vinculación familiar las que pudieran encargarse de los cuidados. Desde el punto de vista de AERTE esto no fomentaba una atención de calidad, era contrario a la normativa estatal, fomentaba la economía sumergida, podía obligar a muchas mujeres a permanecer en casa cuidando de los familiares e iba contra la profesionalización de los servicios.

“Nosotros hemos apostado porque las personas que puedan sean atendidas en sus casas pero siempre a través de servicios de ayuda a domicilio profesionalizados. Advertimos a la Consellería de que esta era una decisión contraria a derecho y la Justicia ha vuelto a darnos la razón de nuevo, como ya ha pasado varias veces con la exclusión de empresas en determinados concursos públicos” declaraba Toro.

De las 53.292 nuevas personas atendidas desde Junio de 2015 por el sistema de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, el 72% ha recibido una ayuda de este tipo, lo que demuestra que no se ha respetado el carácter excepcional de este tipo de prestación. Además la propia Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha considerado este tipo de ayuda como “low cost” en varias ocasiones ya que no garantiza una atención de calidad a las personas usuarias y el importe de la prestación es muy bajo.

“Pedimos a la Consellería que pare inmediatamente de resolver de manera general estas prestaciones no profesionales y que convierta las que se han dado, en contra del criterio de excepcionalidad, en servicios prestados por profesionales en el ámbito domiciliario” concluyó el presidente de AERTE.

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