El primer día de “la vuelta al cole” se desarrolla con normalidad, pero envuelto en un mar de dudas que afectan a padres, docentes y alumnos

 El primer día de “la vuelta al cole” se desarrolla con normalidad, pero envuelto en un mar de dudas que afectan a padres, docentes y alumnos

Valencia, 7 de septiembre de 2020- Diego Varea                               

Tras 6 meses de parón por la pandemia de la COVID-19, hoy han reabierto sus puertas los centros educativos en la Comunitat Valenciana para iniciar un curso escolar que se presenta decisivo para la formación de los alumnos y en el que todavía existen muchas dudas, las cuales han aclarado los tertulianos de “El Intercafé” de Intereconomía Valencia.

Por este motivo, el concejal de hacienda del ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán señala que “no nos consta que haya habido ningún problema en el acceso a los centros educativos de la ciudad de Valencia”, y el director de los British School de Alzira, Gandía y Xàtiva, Fran Corbí, recalca que en estos centros “la normalidad ha sido la tónica dominante”.

Por su parte, el portavoz de Cs en el ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner afirma que “las entradas han estado escalonadas, pero ha habido un poco de desconcierto por falta de información, los profesores han tenido que poner de su bolsillo para tener un centro más seguro porque lo que había aportado el ayuntamiento era insuficiente y nos hemos encontrado aulas en centros municipales que no están bien ventiladas”.

A su vez, el concejal de VOX en el ayuntamiento de Valencia, Vicente Montañez, valora que “estamos ante un nuevo fracaso del gobierno de Sánchez y de las políticas anti COVID del señor Ribó, porque hemos tenido meses para preparar este día y se ha esperado hasta el último momento lo que refleja la improvisación constante y el desbarajuste que son 17 autonomías”.

Uno de los aspectos en el arranque de este curso es el asunto de realizar test PCR al personal docente, por lo que el portavoz de educación del sindicato CSIF de la Comunitat Valenciana, José Seco indica que “era una competencia de Sanidad y no se ha aprobado, desde CSIF hemos pedido realizar estas pruebas al inicio del curso y luego de forma periódica, para acercarnos al 100% de seguridad en nuestras aulas y concretar de manera más eficaz el rastreo”.

También, la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo incide en que “la prueba permite empezar el curso con más seguridad ya que nos enfrentamos a un arranque en el que casi la totalidad de los profesores y alumnos no tienen garantías de que su salud permita arrancar el curso, y además se ha prohibido realizar estas pruebas a los ayuntamientos”.

Asimismo, el vicepresidente de ACADE, Fran Corbí fundamenta que “estoy en desacuerdo que solo se haga al personal docente porque la comunidad educativa está formada por más personal, es un coste elevado, pero permite arrancar el curso sin ir a ciegas y pienso que cuando una medida tan necesaria no se realiza será por un tema económico”.

Por otro lado, el concejal de VOX, Vicente Montañez expone la problemática de que “estamos frente al inicio del curso escolar y requiere actuaciones nuevas, como el funcionamiento del transporte público para dar respuesta a las demandas y en el contexto en el que se encuentra la ciudadanía o el control de los accesos escalonados que pueden llegar a taponar espacios de las ciudades y congestionar la vía, pero prefieren estar pensando en la peatonalización”.

En esta misma línea, el docente Enrique Benavente manifiesta que “a los profesores nos ha llegado una circular que apunta que cuando se genere un positivo en el centro, el alumno o el docente tiene que ser trasladado en un turismo privado y no utilizar el transporte público, cuando están realizando un modelo de ciudad que no permite llegar a muchos espacios con nuestro propio turismo”.

También, José Seco señala que “es un problema que se tiene que solucionar eficazmente ya que puede haber un colapso en las entradas de los centros educativos y que puede provocar el contacto entre distintos grupos burbujas, por lo que desde la consellería deberían de fijar en los protocolos la dirección en los accesos para que esta sea más segura”.

Por su parte, el concejal de hacienda y el portavoz del PSPV de la ciudad de Valencia, Borja Sanjuán, argumenta que “se ha dado la posibilidad a los centros educativos que soliciten que su entorno se peatonalizara cuando contemplen su realidad y que de esta forma no fuera una actuación radical del ayuntamiento, también desde la concejalía de educación y seguridad ciudadana se ha realizado un protocolo para garantizar la entrada y salida con fluidez”.

En referencia a la presión a la que se van a ver asumidos los docentes, Enrique Benavente manifiesta que “convertir a un profesor en un responsable sanitario para detectar posibles casos es una situación caótica porque los síntomas son muy similares a un catarro y siempre nos pondremos en la peor situación”.

“Entendemos que es un propósito desafortunado, porque los docentes nos dedicamos a enseñar y esta actividad tiene que realizarse por un personal sanitario, por ello desde CSIF estamos demandando desde hace tiempo la figura del enfermero o enfermera en los centros escolares”, indica el portavoz de educación de CSIF CV.

Otra de las cuestiones, es el hecho de que el gobierno intente penalizar a los padres que no quieran llevar a sus hijos a los colegios, por lo que el abogado y penalista, Vicente Ibor afirma que “los padres tienen la obligación de escolarizar a sus hijos, pero también proteger la salud de los suyos con un soporte documental, observo una incongruencia absoluta el responsabilizar a los padres y el estado lavarse las manos donde tiene que realizar una gestión más eficaz, por lo que recomiendo que los padres lleven a sus hijos al centro ya que la ley es muy estable y pueden existir problemas”.

A su vez, el profesor del IES Benlliure, Enrique Benavente indica que “cuando se realizó la ley no existía el apunte de que la población estuviera emergida en la pandemia, por el contrario, observamos en otros sistemas educativos la opción de que sean los padres los que puedan educar a sus hijos, siempre siendo controlados por un inspector, pero en nuestro sistema siempre es el Estado el que garantiza este derecho”.

“Lo adecuado es que los niños tengan formación, pero de la misma manera que las autoridades sanitarias recomiendan no ir a ciertos espacios por lo que tienen que transmitir la información veraz ante estas situaciones de los centros, pero el delito de los padres está basado, en el abandono de los padres que es cuando se hace en perjuicio de los niños y en este caso están protegiéndolos”, recalca la portavoz adjunta del PP Ferrer San Segundo.

También, el abogado José Vicente Tello indica que “el tema es una cuestión del bien jurídico de salud pública y la educación es obligatoria y presencial desde los 6 hasta los 16, hay que tener en cuenta el incumplimiento administrativo y el incumplimiento punitivo por lo que, si no se cae en ese absentismo escolar, los profesores comunicarán a la administración la situación del alumno y esta abrirá una investigación”.

Por último, el director de los British School de Alzira, Gandía y Xàtiva, Fran Corbí, explica ante la accesibilidad a los centros que “hemos trabajado desde agosto para garantizar la seguridad en todos nuestros centros y preparándonos para garantizar este derecho fundamental de manera prolongada en el tiempo y que no se culpe a la comunidad educativa de posibles nuevos casos”.

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