CSIF denuncia “retraso injustificado” en la vacunación contra covid de la tercera dosis al personal de emergencias sanitarias

 CSIF denuncia “retraso injustificado” en la vacunación contra covid de la tercera dosis al personal de emergencias sanitarias

Valencia, 9 de diciembre de 2021

El sindicato CSIF denuncia “el retraso injustificado en la vacunación” de los trabajadores del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV). La central sindical ha reclamado por escrito a la dirección de este servicio que “solucione el problema y desarrolle un plan específico de vacunación”. Este plan afectaría a alrededor de 800 trabajadores de SES, CICU y SAMU en la Comunidad Valenciana.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala en el documento, remitido tanto a la Dirección del Servicio de Emergencias Sanitarias como al Comité de Seguridad y Salud Laboral, que “ya advirtió a Conselleria de la necesidad de vacunación en tiempo y forma del personal del SES para que no ocurriera la falta de previsión de vacunaciones anteriores”.

CSIF lamenta que, a pesar de sus advertencias, Conselleria “ha vuelto a dejar en el olvido la vacunación de los trabajadores del SES”. A este respecto insiste en el riesgo al que están expuestos, ya que se trata “en su mayor parte de personal asistencial que ejerce su labor en primera línea”.

El sindicato insta en el escrito a la Dirección del SESCV a que “solucione el problema del retraso injustificado de la vacunación a sus trabajadores”. En este sentido recalca que estos profesionales “a fecha de hoy todavía no tienen constancia de a dónde deben dirigirse para ser vacunados”. Por ese motivo CSIF reclama “un plan específico de vacunación que evite, en la medida de lo posible, el retraso en la profilaxis de todos sus trabajadores”.

CSIF recuerda en este punto que la ley 35/1995 de prevención de riesgos laborales especifica, en su artículo 14, que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, y recalca que “este deber de protección constituye una obligación de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio”.

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