Catalá: “Intervención advierte que más de la mitad de los contratos menores del Gobierno de Ribó tienen incumplimientos legales o defectos”

 Catalá: “Intervención advierte que más de la mitad de los contratos menores del Gobierno de Ribó tienen incumplimientos legales o defectos”
  • En cinco años de gobiernos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento se han firmado 15.193 contratos menores que alcanzan un coste de más de 87 millones de euros
  • El Informe del Control Financiero del Gasto del año 2019 realizado por la Intervención General Municipal (IGM) desvela que el 51,6% de los contratos menores aprobados por Ribó y el PSPV presentan incumplimientos legales o defectos formales
  • En 2019 el gobierno de Ribó y el PSPV adjudicó contratos menores por valor de 17,45 millones de euros, 3,02 millones más que en el ejercicio presupuestario de 2018
  • Se pagaron 9.433.334€ a través de contratos que adolecen de la totalidad de requisitos que marca la normativa sobre contratación pública.
  • Entre los incumplimientos que resalta la IGM está en el no cumplir con la obligación de publicidad que marca la Ley de Contratos del Sector Público, la no determinación clara del objeto del contrato y el no estar justificada la necesidad de contratación.
  • Catalá destaca que “el abuso de los contratos menores, con adjudicaciones a dedo sin un procedimiento abierto para contratar gastos previsibles que se repiten todos los años, es una constante en la gestión de Ribó y los socialista”
  • La portavoz popular denuncia que “el alcalde y sus socios de gobierno del PSPV eliminaron el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General”.

Valencia, 22 de enero de 2021

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha desvelado hoy que la Intervención Municipal del Ayuntamiento, en el informe sobre el control financiero del gasto del año 2019,  señala que “el gobierno de Ribó y el PSPV pagaron 17,45 millones a través de contratos menores”, y  advierten también los interventores que “un 51,6 %  de estos contratos se materializaron pese a tener incumplimientos legales o defectos formales”.   En cinco años de gobiernos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento se han firmado 15.193 contratos menores que alcanzan un coste de más de 87 millones de euros.

Los continuos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de los últimos años advierten, de manera reiterada, que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión, una circunstancia que Catalá ha considerado, “reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas.” 

Asimismo, llama la atención la subida que experimenta la delegación de formación, evaluación y carrera, que ha formalizado más de 60 contratos en tres trimestres, por un importe superior a los 109.000 €. O el dinero gastado en contratos a dedo por el CEMAS, más de 150.000 € en 2020.

Las adjudicaciones a dedo de contratos para evitar los concursos en los que se garantiza la pública concurrencia de empresas, ha destacado Catalá, “se han convertido en la principal marca del mandato de Ribó y sus socios de gobierno”. Llevan más de 87 millones otorgados por este sistema a través de 15.193 contratos,

La Intervención municipal realiza un estudio sobre un muestreo de los 3.791 contratos menores firmados por el gobierno municipal en 2019, con un importe de adjudicación total de 17.632.193€, y concluye que el 36% de los contratos incurre en algún incumplimientos y un 15% adolece de algún defecto formal.

La cuantía que el Ayuntamiento pagó a través de contratos menores a través de contratos que adolecen de la totalidad de requisitos que marca la normativa sobre contratación pública alcanza los 9.433.334€,  el 51,6% del montante total.

De las conclusiones del informe de control financiero sobre el estudio realizado se desprende que las principales irregularidades en los contratos menores han sido la omisión de la publicidad requerida por la Ley de Contratos del Sector Público y la aprobación de gastos a través de expedientes de contratos menores que por su naturaleza no debieron tramitarse como tales, eludiendo la fiscalización previa.

Al respecto, Catalá ha recordado que “el alcalde y sus socios de gobierno del PSPV eliminaron el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General”.

Catalá ha denunciado que “el abuso de los contratos menores, con adjudicaciones a dedo sin un procedimiento abierto para contratar gastos previsibles que se repiten todos los años, es una constante en la gestión de Ribó y los socialista”

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